Ética y comunicación de la ciencia en las instituciones

La comunicación de la ciencia se desarrolla en un ecosistema muy amplio en el que fácilmente reconocemos como agentes divulgadores a los medios de comunicación, las editoriales especializadas, las asociaciones o los divulgadores individuales, sean profesionales o aficionados. Los agentes institucionales también tienen su lugar en este ecosistema y, sin embargo, creo que es interesante señalar que en previos análisis propios sobre esta cuestión no les he sabido dar la importancia que merecen.

Y es que si bien podemos afirmar que los agentes que enumeramos al principio del texto tienen cierta obligación moral o ética de contribuir en el acceso al conocimiento, lo cierto es que las instituciones deben hacerlo también por imperativo legal. En España, para cumplir con la Constitución y, desde 2011, para cumplir con la Ley de la Ciencia, el Estado debe trabajar activamente en la divulgación científica. 

En este sentido, encontramos cuatro tipologías de agentes institucionales principales: la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, los Museos Científicos, las Redes de Unidades de Cultura Científica e Innovación y los agentes autonómicos, provinciales y locales. Todos estos agentes tienen la obligación de contribuir a generar y mejorar la cultura científica de la sociedad española.

En este blog hemos reflexionado abundantemente acerca de la evolución histórica del concepto ‘cultura científica’ y de como influye la conceptualización que se tenga de este concepto en su aplicación práctica. No es lo mismo un paradigma en el que se presupone la objetividad y la neutralidad de la ciencia que otro, en el que hace años que nos estamos adentrando, en el que se tenga en cuenta que tanto los científicos de forma individual como los financiadores y los agentes divulgadores de la ciencia (sean públicos o privados) tienen sus propios sesgos e intereses. 

Es desde esta perspectiva en la que podemos afirmar que lo importante no es solamente diseminar o divulgar, sino hacerlo de una manera ética. Esto significa asegurarse de que la información que se va a divulgar está efectivamente fundamentada científicamente y debidamente contrastada por la comunidad científica (y, si no es el caso, explicitarlo).

En este sentido, la Federación Europea ALLEA (European Federation of Academies of Sciences and Humanities) sugiere en su discussion paper ‘Fact or Fake? Tackling Science Disinformation’ que sería interesante crear una institución o red europea que se encargara de elaborar un Código de Conducta para la Comunicación Científica. Esta nueva institución podría contribuir a atajar la desinformación, velaría por la coordinación de las iniciativas existentes y por el fomento de la cultura científica.

Por otra parte, que la comunicación científica sea ética creo que también implica mantener una perspectiva crítica sobre la ciencia. Dar cuenta de posibles sesgos, velar por el respeto de los derechos humanos, posicionarse a favor de la inclusión… Y esta es la parte que me parece más compleja, y también más interesante. 

Las instituciones públicas dependen de las administraciones públicas que, en última instancia, están dirigidas por políticos, representantes elegidos por la ciudadanía que van cambiando en función de los resultados electorales. Los sesgos ideológicos, intereses y socios de dichos políticos pueden influir de manera más o menos directa en las actividades de estas instituciones, así como en el modo en el que se comunican…  

Aunque entendamos que es obligación de las instituciones velar no solamente por la divulgación de la ciencia, sino por hacer que esta divulgación sea lo más ética posible, como ciudadanos debemos también estar alerta a estos posibles conflictos de interés y a si existen o no códigos éticos y de funcionamiento dentro de las instituciones, así como órganos de control externos que puedan actuar como mecanismos de control a este respecto.